33254 (27-02-13) Variación de jurisprudencia. Inaplicación aumento general de penas en delitos de Ley 1121 de 2006‏

Compartimos esta reciente decisión de la Corte donde se VARIA LA JURISPRUDENCIA -por vía oficiosa- del Alto Tribunal respecto de un tema que habíamos tenido la oportunidad de proponer hace algunos años -con respuesta negativa por parte de a judicatura- y que consiste en la inaplicación del aumento general del penas contenido en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, cuando se juzgan delitos consagrados en en la ley 1121 de 2006.

El argumento es sencillo. Se había dicho que el aumento general de penas sólo podía entenderse dentro del llamado derecho penal premial, donde el legislador aumentaba las penas de 1/3 parte a la 1/2 con el único objetivo de hacer más atractivas las rebajas de pena por aceptación de cargos o por preacuerdos y darle un mayor margen de negociación a la fiscalía.

La Corte retoma el asunto y llega a la misma conclusión, haciendo un fuerte llamado de atención al Legislador y al Ejecutivo, para que en lo sucesivo “piensen” antes de hacer leyes que desnaturalicen el “sistema negociado”, pues las prohibiciones de rebajas de pena por aceptación de cargos (unilateral o bilateral) lo único que logran es acentuar la congestión judicial:

El presente caso muestra con claridad una problemática en relación con la cual la Corte ha venido mostrando su preocupación: la manera inconsistente en que el ejecutivo y el legislativo han venido diseñando y ejecutando la política criminal, tanto en lo penal propiamente dicho como en aspectos procesales.

Desde luego, por tratarse de asuntos de naturaleza política, no es la judicatura la llamada a definir los criterios conforme a los cuales el Estado ha de  configurar el ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, ello no obsta para que la Sala, como máximo organismo de la justicia ordinaria en materia penal, llame la atención sobre circunstancias que posteriormente determinarán la debida o indebida aplicación del derecho, tanto más cuanto, a la luz del art. 250 de la Constitución, modificado por el art. 3° del Acto Legislativo 03 de 2002,  la política criminal fue concebida como un criterio relevante a la hora de racionalizar el ejercicio del ius puniendi……

……Hoy, más de cuatro años después de haberse emitido tal advertencia y habiendo transcurrido más de un lustro desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 en todo el territorio nacional, es inocultable la parálisis que en la práctica está aquejando al sistema acusatorio en términos de congestión judicial e investigativa, fenómeno en el cual han sido determinantes los retrocesos legislativos que, bajo consignas maximalistas, reiterada e inconsultamente han afectado algunas bases estructurales y otros mecanismos de significativa importancia para la funcionalidad y operatividad del sistema procesal recientemente implementado.

Así, frente a un sistema ineficiente, congestionado y desfigurado en algunos de sus componentes, preocupa la posibilidad de un colapso que conlleve al fracaso del sistema, el cual la Sala se rehúsa a admitir. No sólo porque las bondades que el modelo representa en términos de garantías son innegables –por citar algunos referentes: primacía de la libertad, reserva judicial para la afectación de derechos fundamentales, amplitud del ejercicio del derecho de contradicción y mayor protección a las víctimas–; también, porque es consciente de que, debidamente engranado y provisto de las herramientas adecuadas, el modelo escogido está en capacidad de lograr el objetivo de consolidar una administración de justicia penal eficaz y eficiente.

Orientados por ese propósito, tanto el constituyente como el legislador concibieron la flexibilización de las formas procesales a manera de paradigma adecuado para viabilizar la aplicación de mecanismos alternativos de solución del conflicto penal, distintos a la completa tramitación del juicio –alegaciones unilaterales o preacordadas de culpabilidad, principio de oportunidad y figuras de justicia restaurativa–.       Entonces, bajo una filosofía pragmática, el Estado admite la imposibilidad de tramitar por la vía ordinaria la totalidad de las noticias criminales que ingresan al sistema judicial, creando mecanismos tendientes a aliviar y contrarrestar la sobrecarga del aparato de justicia, mediante la evacuación de casos por vías alternas, a fin de concentrar sus esfuerzos en la persecución y judicialización de tipos de delincuencia que afectan en mayor medida la convivencia y los intereses de los ciudadanos.

Tal aserto se extracta de los antecedentes del Acto Legislativo N° 03 de 2002, en cuyo proyecto (N° 237 de 2002 Cámara), junto al objetivo de ajustar el proceso al principio acusatorio, el Gobierno Nacional expresó la necesidad de dotar al país de un esquema procesal moderno, ágil, eficiente y respetuoso de los derechos de los intervinientes. Ello, en respuesta a la “dramática situación de la rama penal del poder judicial, toda vez que la inoperancia del sistema hace que, aún a pesar de los múltiples esfuerzos de los funcionarios, las decisiones sean demoradas, es decir, la justicia sea ineficaz”

Para descaragar la sentencia completa dar click aquí

Comments (5)

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